La Comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, a través de su Consejo Académico, hace expreso su repudio a la irrupción de la policía provincial de Jujuy en la sede de la UNJU, el día 12 de julio, en momentos en que se desarrollaba la sesión ordinaria de su Consejo Superior. Expresamos, asimismo, nuestra total solidaridad con la comunidad Universitaria de la UNJU.
Acciones como estas atentan contra la autonomía universitaria vulnerando preceptos basales de nuestra convivencia democrática y rol social y político-académico de las Universidades Nacionales. Acciones como estas son antidemocráticas, anticonstitucionales e ilegales puesto que desconocen el derecho consagrado en el art. 75, inciso 19 de nuestra CN “que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales” así como lo establecido por la Ley de Educación Superior en su art. 31 que establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Repudiamos, asimismo, las expresiones del gobernador y candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, durante una entrevista televisiva el día 10 de julio pasado. En la misma acusa a las y los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires de ser instigadores y responsables de los movimientos y protesta social que vienen protagonizando los Pueblos Originarios en la provincia de Jujuy. Amenaza con expropiar las instalaciones de dicha Universidad en la provincia y con la penalización de sus trabajadores con expresiones que claramente nos retrotraen a épocas de nuestra historia a las que hemos decidido como sociedad no volver NUNCA MÁS.
Asimismo, se desconoce la capacidad de lucha de las organizaciones sociales y su impacto social y territorial así como el rol social de las Universidades Públicas que, desde la Reforma Universitaria de 1918, han avanzado no solo en la formación de ciudadanes con capacidades académicas y profesionales, sino también con un creciente involucramiento en las demandas y problemáticas de las comunidades en que están insertas, abonando a la consolidación de derechos adquiridos y a la construcción de nuevos derechos.
Por ello, sostenemos que esta brutal irrupción policial en una Universidad Pública no es más que la punta de un iceberg mucho más profundo. Como comunidad universitaria comprometida con la educación y las ciencias sociales y humanas, tenemos la obligación intelectual y ética de manifestar nuestro repudio e instar a las autoridades de la provincia de Jujuy a retomar los cauces de la convivencia democrática y respeto a los Derechos Humanos.
