Desde la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente el Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), el Programa de Extensión Observatorio Social (FCH) y estudiantes y docentes del Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I de la carrera de Lic. en Trabajo Social, queremos expresar nuestro posicionamiento en relación al conflicto por acceso al hábitat en el barrio La Movediza, el cual fue judicializado en el Juzgado de Garantías N°1 con asiento en la ciudad de Tandil, registrando la intervención de diversas instituciones y organismos del Estado en el marco de la aplicación del “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad” dispuesto por la Resolución 707/19 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, desde la UNICEN se vienen desarrollando distintas acciones de promoción de derechos humanos en el marco del mencionado conflicto socio territorial, particularmente, en materia de acceso justo al hábitat y a la ciudad. Entre ellas, destacamos:
– La presentación del Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) ante el Juez José Alberto Moragas realizada el 10 de marzo de 2023, solicitando la implementación del Protocolo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ante ocupaciones colectivas, así como también ofreciendo datos para una comprensión estructural e histórica del problema de acceso al hábitat en Tandil;
– La participación en las reuniones de la Mesa de Diálogo y Gestión Institucional convocadas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de Tandil, desarrolladas desde el mes de marzo de 2023;
– El relevamiento de condiciones de vida de las unidades familiares en situación de ocupación colectiva, realizado por la Mesa de Diálogo y Gestión Institucional el 17 de abril de 2023, con participación de docentes de la Carrera de Lic. en Trabajo Social (FCH), del Programa de Extensión Observatorio Social (FCH) y del Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), a partir del cual se constató la presencia de 113 unidades familiares asentadas, con diversas situaciones de vulneración de derechos;
– Acercamientos territoriales realizados en el marco de las prácticas preprofesionales del Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I, particularmente, el centro de prácticas de Movediza, traducidos en visitas, reuniones, asambleas, participación en Mesa Barrial de La Movediza, que permitieron captar las demandas y necesidades de la población involucrada y trabajar mancomunadamente, desarrolladas desde el mes de mayo de 2023;
– El posicionamiento de la Carrera de Trabajo Social, que el día 1 de junio instó a la inmediata y urgente intervención del Estado en: la suspensión del desalojo para evitar la exposición tanto de las niñeces como de las personas adultas a la violencia que le es inherente; el acceso a una vivienda adecuada con servicios básicos indispensables para el desenvolvimiento de la vida cotidiana mediante una respuesta colectiva e integral por parte de los diferentes niveles de gobierno (Municipal, Provincial y Nacional) que supere respuestas fragmentadas y parciales atendiendo el problema de raíz; la garantización de una respuesta a las necesidades económicas, sociales y culturales de las familias en su conjunto (vinculadas a alimentación, salud, educación, entre otras); y, finalmente, evitar la reproducción de discursos de criminalización de las personas que están realizando la ocupación de manera pacífica, siendo elevado al Consejo Académico de la FCH el 7 de junio de 2023;
– La Resolución 236/23 del Consejo Académico de la FCH, aprobada el 28 de junio de 2023, adhiriendo al pronunciamiento realizado por la Cátedra Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I respecto al conflicto por la toma de tierras en Barrio Movediza, donde se autorizó su difusión por los medios Institucionales, de comunicación y a instancias administrativas de promoción y protección de derechos y, se propuso al Consejo Superior adherir al posicionamiento sobre el conflicto;
– La presentación en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul del informe ampliado resultante del análisis de los datos del relevamiento de condiciones de vida de las unidades familiares en situación de ocupación colectiva, realizado en colaboración con el Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la Defensoría Departamental de Azul, así como también, del posicionamiento de la Carrera de Trabajo Social, de la RCA 236/23 y, del Relevamiento de condiciones de vida y hábitat del barrio La Movediza de la ciudad de Tandil (Álvarez et. al, 2021), con fecha del 29 de junio de 2023;
– La Resolución 8766/23 del Consejo Superior de la UNICEN, aprobada el 30 de agosto de 2023, homologando la Resolución de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas y autorizando su difusión por los medios Institucionales de la Facultad, medios de comunicación y a instancias administrativas de promoción y protección de derechos;
– La Jornada de Promoción de Acceso a Derechos desarrollada el 21 de septiembre de 2023, organizada en conjunto entre estudiantes y docentes del Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I de la Carrera de Trabajo Social (FCH), el Programa de Extensión Observatorio Social (FCH) y el Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), a partir de la cual se constataron dificultades técnicas en la inscripción al Registro de Demanda Habitacional. Estas dificultades se encuentran asociadas principalmente a los riesgos que la tecnologización trae aparejados, dando por sentadas las posibilidades de utilizar los dispositivos necesarios para lograr la inscripción (contar con un computadora, el acceso a Internet, el conocimiento para poder completar lo requerido en la plataforma, entre otros).
En cuanto a la caracterización socio-económica de las familias que se encuentran en el predio, su composición está dada principalmente por mujeres, madres, unidades monoparentales, niñas, niños y adolescentes, de las cuales 63 de ellas manifestaron no contar con ninguna alternativa habitacional, por lo cual frente a un desalojo compulsivo y de no garantizar el acceso a políticas públicas adecuadas estas familias quedarían en situación de calle. Sumado a esto, sólo un 43, 8% accede a algún tipo de prestación social. Mientras que un 55% expresa el inacceso a la asistencia estatal. Por último, entre las principales dificultades identificadas aparecen el inacceso a servicios básicos, demandas de materiales para la construcción y no obtener respuestas, no renovación de subsidios de alquiler porque se perciben otros planes y la dilación en el financiamiento de subsidios para demandas habitacionales, entre otros;
– La Audiencia convocada por el Juez Moragas el 22 de septiembre, en la cual no participó el Municipio de Tandil y el magistrado dio por agotadas las instancias de diálogo, sin habilitar un espacio para el intercambio que posibilite construir alternativas. De esta manera se estableció el inminente desalojo del predio, sin contemplar el diagnóstico crítico de la situación planteado por la UNICEN, ni tampoco escuchar la palabra de las familias asentadas, a las que no se les garantizó su derecho a ser oídas, sino sólo a través de la representación del Defensor.
Es en base a estas intervenciones realizadas que nos vemos ante la obligación de advertir que:
1. La respuesta represiva no constituye una solución alternativa al conflicto y lesiona aún más los derechos vulnerados de las familias ocupantes, que durante estos meses han esperado una respuesta de la política pública ante su situación de emergencia habitacional.
2. Los objetivos de aplicación del Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad indican, en su punto 2, la necesidad de: “Prevenir y/o reducir el impacto social ulterior que puede generar la instrumentación de tales medidas, brindando protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en los procesos de desalojo, razón por la cual, al no registrarse ninguna propuesta de política pública previa al desalojo, no se han cumplimentado los objetivos del mismo. En consonancia, la aplicación del desalojo compulsivo no sólo constituye una medida que vulnera -aún más- los derechos humanos, sino que es un antecedente contradictorio al Protocolo, “una pátina de derechos humanos al desalojo”.
3. Finalmente reiterar que lo acontecido en el barrio La Movediza no constituye un hecho aislado en la ciudad de Tandil. Ante el incremento y agudización de los conflictos por ocupación colectiva de tierras, desde el Estado no se puede seguir ofreciendo las mismas respuestas punitivas, es necesario hacer un uso efectivo de las políticas públicas existentes y crear nuevas que universalicen el acceso a la vivienda, en pos de garantizar el derecho a un hábitat digno y a la ciudad.
